En días pasados, “El Heraldo” publicó un artículo titulado “Constitución y país laico”. En dicho texto, que concuerda en líneas generales con el documento “Separation between Church and State: What is the teaching of the Holy Roman Catholic Church?” (Separación entre Iglesia y Estado: ¿Cuál es la enseñanza de la Santa Iglesia Católica Romana?), publicado por “Catholic Wisdom Publications”, se hacen varias aseveraciones que ameritan una aclaración.
En primer lugar, es bueno recordar que el Diccionario de la Real Academia Española define al laicismo como una “doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa”. Si bien el laicismo considera al Estado y a las religiones como realidades que se deben mover en esferas separadas, no por eso se puede deducir ni afirmar, sin faltar a la verdad, que sean “incomunicables” o “enemigos no declarados”. La independencia y el mutuo respeto no implican enemistad.
El laicismo no se opone en modo alguno a la enseñanza privada, ni a la libre práctica - incluyendo las manifestaciones públicas - de las religiones. Con lo que no está de acuerdo es con que las religiones, cualesquiera que ellas sean, pretendan tener al Estado bajo su control, de manera que solo se legisle de acuerdo con una singular concepción religioso-dogmática de la vida. Tampoco está de acuerdo con que el Estado gaste el dinero de impuestos pagados por personas de diversas creencias, o por personas sin creencias religiosas, en beneficio de una religión en particular. El laicismo no es ateo, aunque defiende el derecho del ser humano a no tener religión alguna.

Generalmente las religiones fundamentan sus doctrinas en asuntos de fe. Mientras el Catolicismo sostiene, por ejemplo, que el alma ingresa al cuerpo en el momento de la concepción, algunos respetables grupos religiosos orientales sostienen que tal ingreso se produce al momento del nacimiento. ¿Puede demostrarse científicamente cualquiera de esas dos posiciones antagónicas? Actualmente, no. Todo es cuestión de creencias personales que deben ser respetadas, resultados de una fe o de complejos razonamientos que llevan a una u otra conclusión. Para beneficio de todos, creyentes y no creyentes, es deber del Estado mantenerse al margen de estas controversias.

Como toda religión, el catolicismo sí es una “creencia privada”. Tal afirmación no pretende en modo alguno “relegarla al ostracismo” sino, precisamente al “sagrado ámbito de la conciencia” que afirma el artículo. Por lo tanto, los Pastores de la Iglesia Católica tienen todo el derecho a diseminar entre sus feligreses y defender públicamente sus doctrinas sobre temas delicados y complejos como el aborto, la eutanasia, el homosexualismo, etc., pero su error consiste en tratar de imponerlas, a través del Estado, a aquellos que, no siendo parte del rebaño, no comparten esas creencias. ¿Les parecería correcto que se aprobara una ley que prohibiera y penalizara las transfusiones sanguíneas de acuerdo con los postulados de los Testigos de Jehová?

De otra parte, si bien es cierto que el catolicismo, a través del Concilio Vaticano II, “mucho antes” que la Constitución colombiana del 91, “proclamó solemnemente el principio de la autonomía de las realidades temporales y la libertad de la iglesia ante toda posible confusión orgánica o funcional con el poder político”, lo hizo mucho después de haber funcionado durante interminables siglos en asocio con el poder temporal. No es necesario hablar aquí de los horrores genocidas de la “Santa Inquisición”. Aunque con tardanza histórica, en buena hora el Concilio Vaticano II ordenó, por fortuna, ese cambio de rumbo tan esperado a través de muchos siglos.

Sorprende la expresión de que la ética civil es “maquiavélica, poco neutral y libertaria”. La ética civil en ningún momento pretende la supresión de todo gobierno y de toda ley, que es lo que, según el DRAE significa libertario. De esa afirmación se deduce la inquietante e intolerante conclusión de que la moral católica sería la única que tiene validez.

El concepto global de dignidad humana está por encima del que puedan tener al respecto las diversas religiones que se basan en asuntos de fe, válidos para quienes la tienen pero no demostrables y sin valor alguno para los demás. De ahí que afirmaciones como la de que el laicismo es “peligrosamente ideológico” porque defiende el derecho de las personas a tener creencias diferentes a la católica, incurren precisamente en la “sutil deriva totalitaria” que critica el artículo que comento. Pretender imponerle al Estado colombiano unos “imperativos jurídicos de obligatorio cumplimiento” que se basan, repito, en asuntos de fe, es pretender convertir en delito lo que la Iglesia Católica considera pecado, violando así el espíritu de independencia y separación que ha trazado el mismo Concilio Vaticano II. Como se lee en Mateo, 7:5: “Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano”

Preocupa hondamente que habiendo entrado ya al Siglo XXI, se pretenda acomodar el Estado de Derecho a dogmas confesionales, se descalifique consecuentemente a quienes piensen en forma diferente y se intente que las leyes civiles queden subordinadas a una moral religiosa en particular, por respetable que esta sea. Causa desasosiego pensar que estemos ante el eco de unos baculazos que anuncian un salto al pasado, un regreso al oscurantismo de la Edad Media o a la época colonial cuando solo se permitía que en estas tierras se publicaran devocionarios y biografías de santos.

No se puede alterar la esencia humanista del laicismo para justificar unas críticas infundadas. Darle calificativos tales como “patología del pensamiento político”, “enfermedad del Estado”, “indebida interpretación de la Carta Magna”, es ir en contravía de las enseñanzas del propio Jesús, quien sentó las bases históricas para la separación de poderes entre Estado e Iglesia cuando dijo: “Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios”. (Mateo 22:21).

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